Los altos funcionarios no secundarán la huelga general
La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) no apoya la convocatoria de huelga prevista para este miércoles tras el escaso éxito de los paros convocados en el sector público con motivo del 'tijeretazo salarial' por no considerarla adecuada en una coyuntura de crisis económica y acusan a los sindicatos convocantes de connivencia con el Gobierno en el pasado.
Fedeca, que representa a los funcionarios del Grupo A1 de la Administración General del Estado, señala en un comunicado que no apoyará dicha iniciativa sindical aunque respeta el ejercicio individual del derecho a la huelga de todos aquellos de sus asociados.
Reconocen que existen motivos suficientes para apoyarla, como la mala gestión de la administración, la exigua oferta de empleo público, el número de interinos y eventuales burlando el principio del mérito y capacidad, la excesiva externalización de servicios, y la no promulgación de normas básicas como el Estatuto de la Función Pública o del Directivo, la desprofesionalización de la Administración, la inacción frente al desprestigio generalizado de la función pública, o el inadecuado control del gasto público, además del mencionado recorte en las nóminas.
No obstante, "la grave situación económica por la que atraviesa España no parece indicar que esta huelga, en este momento, sea la actuación más conveniente. Una consideración que, algo que ya se vio durante el escaso seguimiento de la huelga de funcionarios convocada el pasado 8 de Junio por los mismos sindicatos que convocan esta huelga general". Es más, "cabría preguntarse el por qué esta medida no se adoptó cuando hubiese sido eficaz para contribuir a que no se hubiese llegado a la situación actual", apostillan.
Fedeca reprocha a los sindicatos convocantes de "pasividad culpable" que ha contribuido a que se llegue la situación actual "y no se observa que adopten ninguna de las medidas que la sociedad les reclama de contribución para paliar la actual situación económica, como la renuncia a sus subvenciones o la disminución de liberados".
En algunos casos, "esa pasividad ha agravado la crisis como, por ejemplo, en las cajas de ahorro, dónde los sindicatos tienen representantes en sus órganos de dirección. Esos representantes no han sabido, podido o querido tomar las medidas necesarias que hubieran evitado que algunas cajas de ahorro españolas se encuentren en una difícil situación".