Los altos funcionarios piden extender su mandato por ley para evitar “dedazos” al cambiar el Gobierno

Fedeca, la organización que representa a los altos funcionarios del Estado, reclama un estatuto del directivo público para blindar su independencia.

España es junto a Turquía y Chipre, uno de los países de la OCDE donde más cambios se producen en los altos niveles de la Administación Central cuando se produce un cambio de Gobierno, según han recordado este lunes desde Fedeca, la asociación que representa a los cuerpos superiores de la administración. "Todos los Gobiernos, sea cual sea su color político, necesita directivos en las administraciones públicas en quien confiar, pero lamentablemente es muy frecuente ver que con cada cambio de gobierno se producen ceses indiscriminados y cambios de responsables de la función pública que no responden a causas objetivas", aseguran desde esta organización, donde figuran los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, Técnicos comerciales y economistas del Estado, entre otros.

Por eso, Jordi Solé, presidente de Fedeca, ha presentado este lunes su propuesta de Estatuto del directivo público como herramienta contra el "dedazo" y para dotar de más independencia la labor de estos funcionarios. Se trata de una propuesta abierta para que los partidos políticos puedan hacer sus aportaciones durante la negociación. "Nos gustaría que fuese el Gobierno el que lo impulsara", sostiene Solé, que apunta que prevén que su aplicación sea "gradual" y se vaya extendiendo poco a poco por el resto de subsectores de la administración pública, como las comunidades autónomas, ayuntamientos...

Solo para directores generales

La propuesta cuenta con nueve puntos destacados. Fedeca plantea que el Estatuto determine de forma clara el concepto, funciones y clases de los directivos públicos. Solé ha especificado que habrá que separar los niveles políticos (secretarios de Estado y subsecretarios) de los niveles administrativos. También ha remarcado que por debajo de subdirectores no se consideraría alto directivo de la administración. Así que practicamente solo sería aplicable a los directores generales. En la Administración General del Estado hay unos 250 directores generales, aunque la asociación ha rehusado ofrecer una cifra concreta "porque no está cuantificado".

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