La otra reforma laboral pendiente: La reconversión del empleo público
19/10/2020
Profesionalizar y capacitar el empleo público es el objetivo del informe presentado por ESADE y Pwc que aborda la ingente tarea de reestructurar el empleo público en nuestro país.
A dicha presentación acudió José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien reconoció la necesidad de mejorar su eficiencia y eficacia. “Ahora, cuando nos comparamos con otros países de nuestro entorno, nos situamos en un nivel intermedio de productividad, así como en calidad institucional”, apuntó.
El informe del Observatorio para la Transformación del Sector Público Esade-PwC, elaborado por Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018, y Óscar Cortés, profesor y director de Investigación Observatorio Sector Público de Esade, presenta 20 propuestas de futuro para avanzar hacia una mayor profesionalización y capacitación del empleo público en España y una serie de reformas para optimizar la gestión del talento público.
Según los promotores de este informe, la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado las debilidades de un modelo de función pública que se ha mantenido prácticamente inalterable durante décadas, así como la necesidad de contar con un sector público fuerte y avanzado, capaz de dar respuesta efectiva a situaciones límite.
En este sentido, “se hace preciso iniciar un ciclo de política reformista: fortalecer áreas y funciones esenciales del servicio público, impulsar la digitalización, así como la adopción de nuevas disciplinas y competencias profesionales, y gestionar el relevo generacional, entre otros aspectos”, afirmó Catalá.
Por su parte, Cortés señaló que “la Administración post COVID-19 va a tener que centrarse en lo esencial, en aportar certeza, seguridad y confianza a la ciudadanía; deberá ser una Administración sostenible, más avanzada y capacitada.”
Por ello, según apuntan los autores del informe, “se hace preciso avanzar en la digitalización de la Administración Pública”.
De particular importancia será, “acelerar una transformación estructural del empleo público, sin que se produzca una descapitalización y una discontinuidad en la labor ejercida por la administración”.
En este sentido, según indican Catalá y Cortés, se deberá impulsar un plan de reconversión del empleo público, coordinado con el fortalecimiento de los servicios esenciales y la digitalización, en que la cobertura de vacantes se haga con visión estratégica y adecuada planificación.
Por otro lado, otra cuestión novedosa que proponen simplificar la ordenación profesional, agrupando los cuerpos existentes en generalistas y especialistas, limitando la movilidad a las áreas donde la especialización sea necesaria.
Para ello, señalan la necesidad de habilitar mecanismos legales para flexibilizar la movilidad y que el sector público pueda actuar como una única gran organización, donde sus empleados, salvo en casos excepcionales, puedan ocupar puestos independientemente de su territorio y vinculación laboral.
El entorno actual exige un empleo público con perfiles profesionales adaptados a la nueva realidad. Los autores del informe plantean una reforma que “habilite nuevas modalidades de vinculación laboral y que, en adelante, adopte un principio de contratación laboral por defecto, reservando la condición de funcionario a los puestos que requieran el efectivo ejercicio de potestades públicas”.
También proponen avanzar hacia modelos de selección que pongan el foco en las competencias y, asimismo, apostar por el talento senior cualificado, mediante planes de reciclaje profesional, de mejoramiento y adquisición de nuevas capacidades, que faciliten su recualificación.
Además, proponen el diseño de carreras profesionales basadas en itinerarios, que ajusten la formación a las necesidades y promuevan la movilidad horizontal, así como adoptar sistemas de retribución variable que vinculen la remuneración de determinados colectivos y niveles superiores a la consecución de objetivos colectivos y personales.
Sobre la profesionalización de la función directiva, Catalá y Cortés proponen la catalogación de los puestos directivos y su vinculación jurídica singular, con un sistema de selección basado en criterios meritocráticos, para puestos de gestión pública de carácter más operativo; y otro sistema diferenciado, para altos cargos con dependencia política directa, en cuyo caso los criterios de mérito y confianza se agruparían en una variable de confianza profesional.