La elección de altos cargos del Gobierno entre personas de confianza provoca que los ciudadanos no crean en las instituciones

FEDECA, asociación de este colectivo, recurre al Supremo los 26 Directores Generales que no son funcionarios de carrera y se abre a dialogar con la Ministra Darias para la reforma de la función pública. Los altos funcionarios de la administración del Estado englobados en FEDECA están molestos con la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez que ha colocado 26 personas de confianza como directores generales de la administración, el último Iñaki Carnicero, amigo personal de Sánchez.

 

Para Jordi Sole, su presidente “este tipo de iniciativas nos hacen mucho daño como país y la gente pierde confianza en las instituciones porque piensan que la Administración es el cortijo del Gobierno y pierde la confianza en las instituciones y su voluntad de cumplir las normas”, apunta. A su juicio, esta práctica que se ha venido realizando en los últimos gobiernos,  al final lo que  crea una Administración más debilitada “que no lucha con tanta fuerza contra la corrupción si realmente sus profesionales fueran funcionarios de carrera e independientes”. 

 

En su opinión es necesario un Pacto por la Administración pública y la modernización de este país que debe entenderse a la función pública como profesionales independientes, ajenos al poder político. Junto con este coste ético hay otro económico que Solé señala “si la persona no es la más capacitada es posible que sus decisiones no sean las mejores y eso genere un coste económico importante y eso cuesta dinero”. Nombramientos recurridos “El problema de este tipo de nombramientos es que se producen en momentos donde no deberían producirse.

 

Este es un ejemplo más de cómo no hacer las cosas”; apunta Jordi Solé. Para este inspector de Hacienda, presidente de FEDECA, junto con la derivada legal hay otras cuestiones a tener en cuenta “nos preocupa la parte reputacional, porque el argumento para excepcionar que sea funcionario, es que no hay ningún funcionario capacitado para desempeñar en ese puesto. Y nos preocupa mucho que se haga ese planteamiento”. “Es sorprendente que no exista ningún funcionario de arquitecto de la Hacienda Pública que pueda cubrir ese puesto y ser director general de arquitectura. Su coste reputacional es muy importante”. 

 

Solé nos aclara que “el recurso en el Tribunal Supremo ya está interpuesto, pero como procedimiento legal, primero se presenta el escrito de interposición. Falta que se admita y cuando lo admita argumentaremos, en el plazo de un mes, porque estamos en contra de dicha política de nombramiento”. También nos señala que “el escrito recurre la norma madre y automáticamente quedan recurridos todos los altos cargos que tienen que ver con dicha norma de enero del 2020, que con carácter general señala que los directores generales no es necesario que sean funcionarios”.

 

En esta selección está incluido Iñaki Carnicero, amigo del presidente del Gobierno, promocionado como director general de Agenda Urbana y Arquitectura, con lo cual la muestra recurrida es de 26 directores generales que no son funcionarios. Reforma función pública Desde FEDECA se ha observado con interés las últimas declaraciones de la   ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que anunciaba importantes reformas y cambios legislativos en la modernización de la Administración pública para contribuir a la reconstrucción social y económica después del COVID-19 y acelerar las grandes transformaciones de nuestro país.

 

Darias, que se infectó del Covid19, ha estado apartada de la primera línea del Gobierno en estos últimos meses. Sin embargo, ya restablecida compareció en la Comisión de Función Pública del Senado para explicar los planes de su departamento durante la legislatura en materia de Función Pública,  En su intervención indicó que la Administración avanzará hacia el buen gobierno, abierto, participativo y transparente, orientado a la realización de "políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás".

 

Para Solé, “urge hacer una reforma de la función pública realmente a fondo. El último intento serio fue el del Ministro Jordi Sevilla en el 2007 que iba a desarrollar una ley marco que al final no tuvo ese impulso. El grueso de la regulación de la función pública vive de una normativa de 1984, una ley de medidas provisionales y poca agresiva”. El presidente de FEDECA valora este anuncio de Darias aunque señala que aún no han visto ningún borrador de las intenciones de la Ministra. “queremos ver cosas concretas”, aclara. Curiosamente tras la toma de posesión de la propia Ministra, aún no ha habido una oportunidad por parte de FEDECA de explicarle sus inquietudes como profesionales.

 

Desde este colectivo se insiste en que debe haber un cauce de diálogo establecido de forma regular entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y esta asociación “aunque no seamos un sindicato mayoritario, creo que reunirse con la entidad que representa los altos cargos de la administración del Estado parecería lógico”. A su juicio “es imprescindible abordar la modernización de la justicia. El modelo de los años sesenta franquista, no era malo. Luego en 1984 se fue modificando con un modelo diferente que no llegó del todo a encajar. Ahora es perentorio y urgente adecuar el modelo de la función pública a las realidades del siglo XXI”. 

 

Entre esas urgencias que destaca el presidente de FEDECA estaría que “la clase política debe convencerse de que el bien del país no es la Administración a su servicio, y sí al servicio del país. Y eso requiere que órganos como lo es el CGPJ, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional no estén controlados políticamente para que puedan hacer desempeñar su labor”, aclara. Falta coordinación a nivel estatal A nivel estatal, Sole reconoce que hace falta “mucha más coordinación y armonización entre los diferentes cuerpos administrativos. Cada centro directivo toma decisiones, independientemente del otro. Hay centros como la Agencia tributaria muy avanzados y otros menos. Se trata de lograr en este siglo XXI una única Administracion General del Estado, homogénea y que avance a nivel tecnológico todos sus organismos a la vez”.

 

Darias en esta intervención aludió a que no habrá recortes en los salarios de los funcionarios pese a la crisis económica en la que el país está inmerso. Los rumores señalaban otra cosa y así el propio Sole lo comentaba a Confilegal hace algunos días  https://bit.ly/2Y5eliM . E incluso el incremento del 2% de enero del 2020 se mantiene.  “Habrá que ver realmente que decisión política toma el Gobierno. Tenemos la experiencia en 2008 y 2010 que hubo recortes de funcionarios, sin hacer recortes de cargos, asesores y organismos públicos, algunos poco conocidos. Hay muchos sitios que pueden revisarse antes de tocar los sueldos de funcionarios y pensionistas”.

 

AL mismo tiempo, Solé explica que “el recorte es progresivo, de esta forma, cuanto más ganas más te recortan. Otra cuestión que no nos parece del todo justa. Somos el país de la UE con la banda salarial más estrecha de todos los países. No hay tantas diferencias salariales en las categorías profesionales”. También nos señala que “los altos funcionarios de la Administracíón cobran menos que en otros países de nuestro entorno y también menos que un alto cargo de la empresa privada.

 

El recorte progresivo hace mucho daño para profesionales que nos ha costado llegar a estos puestos tras la carrera universitaria, oposiciones y los impuestos que pagamos sin tener acceso a ayudas sociales”, indica. En cuanto a la Oferta de Empleo Público, la Ministra Darias aludío a la convocatoria que se hizo durante el año pasado con más de 33.000 plazas convocadas “Debe haber este tipo de oferta este año y los siguientes. Los años de crisis se congeló y eso produjo un envejecimiento de la población funcionarial y un problema inmediato. Muchos de ellos se jubilarán. Hay que empezar a hacer este relevo”. Sin embargo, nuestro interlocutor recuerda que “cualquier oposición supone una concentración masiva de gente que en una situación como la actual de crisis sanitaria, no parece el mejor momento para convocarlas.

 

Habrá que buscar una fórmula para poder convocarla, siempre que Sanidad lo permita”. En cuanto a las intenciones de la propia Ministra de hacer una reforma de la Ley de Transparencia del 2013, nuestro interlocutor señala que “este es un tema más político que administrativo. La transparencia es un valor político que frena la corrupción pero que puede colisionar con la protección de datos. No queda muy claro si es bueno que nuestros vecinos sepan lo que ganamos. Hay que buscar un equilibrio entre estos dos principios”. 

 

Respecto al papel de la función pública en la reconstrucción del país, Solé recalca que “nosotros estamos al servicio del Gobierno, pero no del partido que está en el poder. Esta al o que el Gobierno disponga. Es el caso de los sanitarios o la UME en su papel del coronavirus”.  En cuanto a la desescalada y la situación de los funcionarios “la situación es muy diversa, va por Ministerios y provincias. Este es uno de los problemas para dar una respuesta única. Hay miles diferentes”. A su juicio, “se ha demostrado que los funcionarios del cuerpo A1, realmente si hemos teletrabajado y mantener ciertos servicios presenciales pese a las dificultades con las que nos hemos encontrado, tanto tecnológicas como culturales con el teletrabajo”. Solé recuerda que “la media de la función pública está por encima de los cincuenta años. Este dato señala que a mucha gente le ha costado reconvertirse para trabajar en casa. Al mismo tiempo los medios no son los más deseables, con lo cual han existido dificultades que hemos solventado como hemos podido”.