Los altos funcionarios frenan la maniobra del Gobierno para meter a interinos en puestos clave de la Administración (Fuente: ABC)
8 de abril de 2024 - El artículo publicado el 9 de abril de 2024 en ABC.es, titulado "Los altos funcionarios frenan la maniobra del Gobierno para meter a interinos en puestos clave de la Administración", detalla un conflicto significativo entre los altos funcionarios del Estado español y el Gobierno respecto a una política destinada a incorporar personal interino en posiciones relevantes de la Administración Pública. A continuación, se presenta un resumen extenso y detallado del contenido del artículo, siguiendo su estructura y destacando los puntos clave.
Contexto y acuerdo inicial
El texto comienza explicando que la plataforma Fedeca (Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), que representa a casi la totalidad de los cuerpos superiores del Estado, llegó a un acuerdo con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, para eliminar las controversiales "bolsas de interinos" en las oposiciones a cuerpos superiores. Estas bolsas habían sido impulsadas previamente por el Gobierno como una solución para cubrir vacantes temporales en roles clave, como inspectores de Hacienda, interventores del Estado o técnicos comerciales, utilizando aspirantes que hubieran aprobado al menos un examen de oposición, pero sin haber superado el proceso completo. Este sistema fue introducido hace aproximadamente un año por la Secretaría de Función Pública, entonces bajo el mando del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, lo que desató una ola de protestas entre los funcionarios de élite.
El acuerdo con Escrivá, confirmado por el Ministerio a ABC, marca un cambio de rumbo en la política de Función Pública. Según Fedeca, el ministro expresó su voluntad de suprimir estas plazas de interinidad en futuras convocatorias, alineándose con las directrices de las instituciones europeas, que han criticado el abuso de la temporalidad en el empleo público español. Este giro supone una victoria para los altos funcionarios, quienes habían impugnado judicialmente las convocatorias que incluían estas bolsas y veían en ellas una amenaza a los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.
Origen del conflicto
El artículo retrocede un año para contextualizar el inicio del conflicto. En ese momento, la Secretaría de Función Pública emitió una instrucción para que todas las convocatorias de plazas en cuerpos superiores incluyeran una bolsa de interinos, formada por candidatos que hubieran aprobado al menos un examen. El objetivo oficial era agilizar la cobertura de vacantes urgentes en la Administración, según justificó el Ministerio de Hacienda, que buscaba establecer un criterio claro para seleccionar interinos. Sin embargo, esta medida fue percibida por los altos funcionarios como un intento del Gobierno de debilitar los estándares de acceso a puestos críticos, como los relacionados con el control de cuentas públicas o la lucha contra el fraude fiscal.
La oposición de los funcionarios no se limitó a críticas internas: hubo protestas callejeras —algo inusual para este colectivo— y recursos legales contra las convocatorias. Los afectados argumentaban que permitir el acceso de interinos a funciones tan sensibles, sin haber superado una oposición completa, comprometía la calidad y la independencia de la Administración Pública. Además, señalaban la contradicción del Gobierno, que promovía esta medida poco después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenara a España por el uso excesivo de interinos, exigiendo una reducción de la temporalidad en el sector público.
Reacciones y críticas adicionales
El artículo también menciona las críticas del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), que cuestionó la gestión de Escrivá desde que asumió las competencias de Función Pública. CSIF acusó al ministro de priorizar anuncios mediáticos sobre la negociación real con los sindicatos para resolver los problemas estructurales de la plantilla administrativa. Esta percepción de falta de diálogo efectivo añadió presión al conflicto, reforzando la postura de Fedeca y otros colectivos de funcionarios.
Por su parte, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública confirmó a ABC el acuerdo alcanzado con Fedeca, destacando que la eliminación de las bolsas de interinos responde a una adaptación a las exigencias europeas. Sin embargo, el artículo subraya que este cambio de criterio contrasta con la línea mantenida en convocatorias recientes, donde se había insistido en incluir dichas bolsas a pesar de las protestas internas de cuerpos como los inspectores de Hacienda o los interventores municipales.
Implicaciones y cierre
El desenlace narrado en el artículo refleja una capitulación del Gobierno ante la presión sostenida de los altos funcionarios, quienes lograron frenar lo que consideraban una "maniobra" para relajar los requisitos de acceso a la Administración Pública. La supresión de las bolsas de interinos se presenta como un paso hacia el cumplimiento de las normativas europeas, pero también como una victoria simbólica para los cuerpos superiores, que han defendido con firmeza los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En resumen, el artículo expone un enfrentamiento entre el Gobierno y los altos funcionarios por el control y la calidad del acceso a puestos clave en la Administración. La resolución del conflicto, con el acuerdo entre Fedeca y Escrivá, pone fin —al menos temporalmente— a una política que había generado división y malestar, mientras subraya la influencia de los funcionarios de élite y las tensiones existentes en la gestión de la función pública en España.