Los altos funcionarios piden el fin de la designación a dedo (Fuente: El Economista)
17 de septiembre de 2018 - "España necesita con urgencia un Estatuto del Directivo Público de la Administración del Estado, que sirva para profesionalizar los órganos de dirección de la misma", afirmó ayer Jordi Solé -inspector de Hacienda-, presidente de Fedeca, organización que agrupa a las 47 asociaciones de funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración estatal.
Explicó que "todos los Gobiernos, sea cual sea su color político, necesitan de directivos en las Administraciones en quienes confiar, pero lamentablemente es muy frecuente ver con cada cambio de Gobierno ceses indiscriminados y cambios de responsables de la función pública que no responden a causas objetivas".
Y centró el problema al señalar que España, Turquía y Chile, son los países de la OCDE donde más cambios de altos directivos en la Administración se realizan cada vez que cambia el Gobierno, según datos de este organismo internacional.
Con ocasión de la evaluación de las medidas adoptadas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, la OCDE advertía que en España existe una excesiva rotación en puestos directivos derivada de los cambios políticos, así como una estrecha conexión entre la política y los puestos directivos.
Fedeca plantea que para acabar con las actuales designaciones a dedo, en el Estatuto se definan con claridad las funciones y clases de directivos públicos; se regule un proceso de selección, a través de una autoridad administrativa independiente, de acuerdo con los principios de idoneidad, publicidad y concurrencia; y que se establezcan unos requisitos previos que deberán cumplir los candidatos.
Aspiran, asimismo, a que se ponga en marcha un procedimiento de designación, en el que los ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, puedan tener la última palabra de a quién eligen, como más idóneo, de entre esos candidatos.
La propuesta limita la entrada en la bolsa de directivos públicos a funcionarios del grupo A1, con más de ocho años de antigüedad, en cuatro de los cuales deberá acreditarse que se ha ejercido en puestos de responsabilidad, así como disponer de la debida formación documentada y experiencia en la materia para la que puedan ser nombrados.
Sonia Lecina, vocal de Fedeca e inspectora de seguros del Estado, señaló que el personal directivo ha de contar con un régimen jurídico específico, que puede plasmarse en una única norma con rango de ley, en el marco de la organización administrativa y que venga a derogar normas existentes -Régimen Jurídico del Sector Público, Alto Cargo, Incompatibilidades-, etc.
Aplicación gradual
El ámbito de aplicación de esta propuesta pretende ser gradual. Puede circunscribirse en un primer momento a la Administración general del estado -central, territorial y exterior-, sus organismos públicos -autónomos y entidades públicas empresariales-, así como las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.
Se trata de diferenciar los cargos políticos -ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y secretarios generales- de los directivos públicos -directores generales, secretarios generales técnicos y algunos subdirectores generales considerados así por razón de relevancia del puesto ocupado-. Fedeca aspiraba a que el Gobierno abanderase esta iniciativa en esta legislatura, pero dada la coyuntura política se ha decidido presentarla a grupos parlamentarios y medios de comunicación para su debate.