Por una Administración independiente, imparcial y profesional
27/06/2016
Los ciudadanos estamos convocados a las urnas este domingo, en una votación insólita que tratará de poner fin a una situación inédita en España, como es el hecho de que hayan transcurrido más de seis meses con un Gobierno en funciones.
Medio año con el Gobierno en funciones, pero con un Estado, con un país que no ha dejado de funcionar, si se atiende al PIB o a cualquier otra variable económica o social.
¿Y cómo ha sido esto posible? Primero, porque es evidente que la sociedad española es una sociedad dinámica y vital, que puede desarrollarse y sobrevivir al margen del impulso político que un Gobierno estable podría darle. Pero, además, hay otra razón importante para ello y es la de que España cuenta con una Administración Pública eficiente, servida por un cuerpo de funcionarios públicos responsables que, realizando su trabajo, no han dejado de cumplir con su obligación de servir el interés general.
Nadie debe pensar que esta organización o sus servidores sean perfectos, pues son muchos los aspectos que pueden mejorarse, tanto los relativos a su estructura interna, su tamaño o la coordinación de sus distintos órganos y organismos, hasta cuestiones relacionadas con las anteriores, como la motivación, la formación o, algunas veces, la dedicación de los empleados públicos.
Sin embargo, pese a que la reforma de la Administración llevada a cabo desde los primeros años de restauración democrática ha sido profunda, no ha dejado de ser una reforma parcial, en la que no se ha encontrado el momento oportuno o la valentía suficiente para culminarla con un enfoque global de los problemas señalados. Solo por poner un ejemplo: hay aspectos de la regulación de los funcionarios públicos que aún se regulan por la Ley de 1964, mientras que el Estatuto del empleado público de 2007 sigue sin tener el desarrollo que la propia norma reclamaba para poder desplegar los efectos renovadores pretendidos, siendo muchas las voces autorizadas en diversos foros, económicos y políticos, que así lo demandan para todos los ámbitos administrativos.
La experiencia internacional y la nacional en distintos momentos de nuestra historia demuestra que una Administración Pública sólida, bien estructurada, bien dimensionada y servida por unos empleados públicos seleccionados bajo los principios de mérito y capacidad, motivados, con formación permanente y razonablemente pagados, es la mejor garantía para servir con objetividad los intereses generales, y de hacerlo con la eficacia que la Constitución y los ciudadanos demandan.
Una Administración que, sin duda, tiene que ser dirigida por nuestros responsables políticos, pero no colonizada ni usurpada por ellos. Para ello, los ciudadanos tienen derecho a reclamar actuaciones que refuercen la independencia y la profesionalidad de los empleados públicos, a que se reviertan todas las actuaciones llevadas a cabo en todas las Administraciones públicas y bajo los colores de diferentes partidos políticos, en las que se ha laminado la independencia de los funcionarios públicos, especialmente de aquellos encargados del control de las Instituciones, y que han facilitado que puestos clave de la Administración sean de libre designación por el responsable político, y por tanto de libre cese sin tener cuenta el mérito y la capacidad del cesado.
Acciones, además, que han permitido que una parte importante de las retribuciones de los funcionarios públicos, especialmente de los que asumen mayores responsabilidades directivas o predirectivas, sea de reparto discrecional por el político de turno; que en Instituciones cruciales como el Tribunal de Cuentas o muchos Municipios se hayan dado inaceptables supuestos de nepotismo y otras corruptelas o abusos, o que en cuestiones en los que el control público es esencial, se haya expulsado a la Administración del ejercicio del mismo, y se haya conferido esta capacidad a comisiones y otras Instituciones; donde para ser nombrado no es tan importante ser un profesional independiente, bien preparado y capacitado, como mantener buenas relaciones con quien ejerce la dirección de las mismas en cada momento.
Por todo esto, preocupa que algunos programas de los partidos políticos con posibilidades de formar Gobierno solo contengan referencias genéricas a estos temas, como puedan ser la promesas de impulsar la "modernización" de la Administración o la lucha contra la corrupción, sin explicar, en unos casos, cómo pretenden hacerlo, y en otros, por qué no lo han hecho en las ocasiones en que han tenido responsabilidades de Gobierno.
Los escándalos de corrupción que aparecen cada día son ejemplos lamentables de lo que no hay que volver a tolerar y para ello es imprescindible que se ponga en marcha un conjunto de acciones eficaces y contundentes para evitar que puedan volver a producirse. La construcción de una Administración pública, independiente, imparcial y profesional debe ser una de ellas.
POR JORDI A. SOLÉ ESTALELLA - PRESIDENTE DE FEDECA