La implantación de las 35 horas semanales en Sanidad obligará a la contratación de funcionarios
24/07/2017
La negativa que hasta hace pocos días daba el Gobierno a una posible reducción de la jornada laboral de los funcionarios tenía, principalmente, una explicación: supone un aumento del gasto que, según Función Pública, podría llegar hasta los 1.200 millones. Ahora, el ministro Cristóbal Montoro reconoce que se puede estudiar «sector a sector» pero rechaza, al menos por ahora, que se aplique en toda la Administración precisamente por el mismo motivo: porque hay algunos ámbitos en los que el esfuerzo sería muy importante y, en concreto, esto es lo que ocurriría en la Sanidad.
La reducción a 35 horas de la jornada semanal de los funcionarios y trabajadores públicos sanitarios obligaría, ineludiblemente, a contratar a personal. La razón es sencilla, y es que para dar el mismo servicio y atención de 24 horas con los mismos trabajadores pero con menos horas de trabajo, es necesario más personal y, por lo tanto, más gasto.
Esto ocurriría en todos los ámbitos de la Administración Pública que da un servicio de atención continuo como «los bomberos, protección civil o las residencias de asistencia social», explican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que consideran que la rebaja de la jornada supone una gran oportunidad para «fomentar la creación de empleo en el sector público».
«Nosotros vamos a exigir que la reducción de la jornada laboral se aplique de manera uniforme, a todos los sectores, no concebimos que si se lleva a cabo en una Comunidad se haga en unos ámbitos sí y en otro no. Generaría un agravio comparativo entre los trabajadores públicos de una misma autonomía», añaden desde este sindicato. Además, su intención es que el Gobierno incluya ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la posibilidad de que cada Administración, ya sea general, regional o local, pueda negociar con sus trabajadores la reducción de la jornada laboral a 35 horas.
«Las 35 horas era un derecho que se había recogido para los trabajadores públicos y que se nos usurpó en 2012. Entonces estaba implantado principalmente en ayuntamientos, mancomunidades, y en algunas comunidades», explican en CCOO. «Ahora pretendemos que se recupere en estos ámbitos y se extienda a la Administración General del Estado», añaden.